UPAGRA rechaza proyecto que hace más oneroso el acceso del pueblo a información pública
COMUNICADO
San Juan – La aprobación de un proyecto de ley que propone enmiendas al procedimiento para obtener documentos del Gobierno impondría más limitaciones de las que ya existen para obtener información pública, declaró hoy la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA).
De aprobarse esta legislación, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, agregaría más requisitos y más tiempo para obtener información pública. Las enmiendas en esencia agregan más burocracia a la gestión de los periodistas ante el Gobierno, creando más obstáculos al flujo de información y la rapidez para obtenerla, lo cual afecta el derecho del pueblo a estar informado y haría más oneroso el proceso para el ciudadano común”, opinó Néstor Soto, secretario ejecutivo de UPAGRA.
El proyecto 63 del Senado, que enmienda la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, irá a votación hoy de los senadores sin haber pasado por vistas públicas, y no contar con el respaldo del gremio periodístico.
La Ley Núm. 141 de 1 de agosto de 2019 fue promulgada en los últimos días de la administración de Ricardo Rosselló y establece una política pública sobre el acceso a la información generada o custodiada por entidades gubernamentales en Puerto Rico.
“El acceso a información pública es un derecho constitucional como parte del derecho a la libertad de expresión que tenemos todos. El propósito de la ley fue establecer mecanismos procesales ágiles, sencillos y económicos para que cualquier persona pueda solicitar información sin necesidad de demostrar interés legal. Pero las agencias públicas la han estado usando para dilatar las gestiones de los periodistas, que en decenas de casos han tenido que recurrir al tribunal para hacer cumplir la ley, lo cual usualmente no puede hacer un ciudadano común, o medios más pequeños o independientes. Agregarle más requisitos al proceso convierte la llamada ley de transparencia en una farsa si en la práctica no la están cumpliendo”, señaló el líder del sindicato de periodistas.
El objetivo de la ley era fomentar la rendición de cuentas y la participación ciudadana, y desalentar actos de corrupción o prácticas antiéticas. Aunque el derecho ya existía, la ley lo reglamenta y hace operacional, evitando que su ejercicio dependa de procesos judiciales costosos o lentos.
“Lo que ha estado pasando, en muchos casos, es lo contrario de la intención de la ley. En la medida que se crean más requisitos desalientan la búsqueda de información y obstaculizan el trabajo de periodistas, que son los que más pedidos hacen. Esto tiene el efecto de limitar el derecho del pueblo a estar informado de lo que hace su gobierno”, concluyó Soto.